Una empresa controlada por el Estado de Israel acumuló durante décadas una montaña artificial de sal tóxica en Barcelona. Dos décadas de recursos judiciales después, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha desestimado la última intentona de la empresa por retirar toneladas de residuos. La química israelí Iberpotash se encuentra así ante la obligación del TSJC de desmontar la montaña de sal contaminante que amontona en la colina del Cogulló, término municipal de Sallent de Llobregat, hogar de un antiguo poblado íbero. Es uno de los mayores focos de riesgo ecológico de Cataluña.
Sal de fondo. La minería en el Bages arranca en 1900, cuando el ingeniero Emili Viader excava un pozo de 50 metros en Súria para extraer sal. En 1912 se descubrió potasio en la cuenca salina catalana; en 1929, Potasas Ibéricas empezó a extraerla en Sallent. En 1998, Israel Chemicals Limited (ICL), controlada mayoritariamente por el conglomerado Israel Corporation, compra el negocio a la SEPI por algo más de 17.000 millones de pesetas y crea Iberpotash.
Sin embargo hereda, de regalo, la montaña de vertidos que ya crecía desde finales de los años setenta. Toneladas de residuos salinos al aire libre, sin tratamiento. El vertedero de El Cogulló siguió creciendo hasta convertirse en la montaña más alta de la comarca del Bages.
El pueblo se harta. En 2006, la asociación de vecinos del barrio de la Rampinya de Sallent pidió al ayuntamiento que abriera expediente urbanístico contra la empresa. Como el consistorio no avanza, los vecinos recurren por su cuenta. Ocho años después, el 18 de febrero de 2014, el TSJC les da la razón: ordena la suspensión inmediata de los vertidos y el restablecimiento de la realidad física alterada. Desde la empresa recurrieron, por supuesto.
Al día siguiente, un juzgado de Manresa condenó a tres exdirectivos a dos años de cárcel por delito ecológico. «Restablecimiento de la realidad física alterada», exigen. La Audiencia de Barcelona ratificó la sentencia el 14 de noviembre de 2016, rebajando la pena por dilaciones indebidas, si bien manteniendo la obligación de sufragar la recuperación ambiental.
Con la sal en la herida. Los recursos se acumulaban y la contaminación no esperaba. Los vertidos siguieron hasta el 30 de junio de 2019, cuando por fin cesan por orden judicial. Para entonces, la salinización ya ha llegado a los ríos Cardener y Llobregat, que abastecen de agua a buena parte del área metropolitana de Barcelona, e inutiliza una docena de pozos y fuentes para consumo humano y ganadero.
En 2015, la Comisión Europea ya había notificado a la Generalitat el incumplimiento de varias normativas comunitarias sobre agua y residuos, en línea con la Directiva Marco del Agua de la UE. El colector de salmorres que recoge estas aguas, construido en 1988 y propiedad de la Agencia Catalana del Agua, sufrió unas 35 fugas al año y ya ha costado más de 400 millones de euros en mantenimiento.
Una de sal y otra de arena. Iberpotash recurre y alega que el vertedero ya estaba legalizado por el propio planeamiento urbanístico municipal, que fijaba un plazo prorrogado hasta 2019. Los tribunales rechazan el argumento una y otra vez: «Las determinaciones del POUM no pueden comportar una legalización encubierta de las actuaciones ilegales realizadas con anterioridad», concluyó el TSJC en su sentencia de marzo de 2024.
Ese mismo fallo recuerda que no consta que se haya retirado ni un solo metro cúbico de residuo desde el cese del vertido. El Tribunal Supremo no admite el recurso de casación de la empresa en 2025; hacen lo mismo en junio de 2026, y hace una semana cayó el último portazo judicial: veinte años después de la primera denuncia vecinal, la sentencia de 2014 ya es firme y ejecutable.
Qué toca ahora. La empresa, rebautizada como ICL Iberia, dice que «cumplirá la resolución judicial» mediante un programa de restauración aprobado por la administración en julio de 2018, que prevé empezar por la escombrera menor de la Botjosa antes de abordar el Cogulló. La mala gestión que provocó la excesiva salinidad de las aguas de la cuenca del Llobregat y Cardener es un coste que tendrá que sufragar la propia empresa, con el fin de preservar «el equilibrio ecológico perturbado».
Sobre esta empresa, Nora Miralles, del Observatori Drets Humans i Empreses, recordó que “ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel”. Fósforo blanco, prohibido en la Convención Internacional sobre las Armas Químicas, que en más de una ocasión ha sido lanzado sobre la población de El Líbano.
El calendario que la propia compañía planteó apuntaba a iniciar la retirada progresiva a partir de 2025, en un proceso que sus propios técnicos estiman en varias décadas. Iberpotash sigue operando la mina de Súria con más de 1.000 empleados directos y un impacto económico en la comarca superior a los 270 millones de euros anuales.
Imagen | EFE (archivo)
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Tras 20 años de litigio, la Justicia obliga a la química israelí Iberpotash a retirar 45 millones de toneladas de residuos contaminantes
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Isra Fdez
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