Algo hace tic-tac dentro de cada cubo amarillo de reciclaje y el ruido llega perfectamente a las redacciones de todo el país. De ahí los artículos, piezas y reportajes que dicen que «a partir de noviembre las tiendas cobrarán» por cada botella de plástico.
La buena notica es que sí, la ley dice eso. La mala noticia es que donde no llega el tic-tac es a los centro de poder de Madrid capital.
¿Qué está pasado? Efectivamente, la Ley de Residuos de 2022 obliga a España a tener operativo un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de botellas de plástico, latas y bricks de bebidas a partir del 22 de noviembre de 2026. Y el motivo es sencillo: el país tenía reciclar el 70% de todo el introducido en el mercado para 2023 y no lo conseguimos.
Ante esa posibilidad, el legislador fue claro: había que abandonar el sistema actual y adoptar el de retorno de envases (el que cobra una fianza por cada envase y la devuelve posteriormente). Portugal se vio en una tesitura parecida y acaba de introducir el sistema europeo.
¿Entonces? ¿Cuál es el problema? La verdad es que no nos faltan los problemas. Para empezar, el de la medición de cómo reciclamos realmente. Durante años, los actores implicados afirmaban que las tasas de reciclado estaban cerca del 80%; sin embargo, en 2024, la Subdirección General de Residuos elaboró un informe relativo al cálculo de la recogida separada de botellas SUP para bebidas que rebajaba esa cifra al 41,3% (muy por debajo del 70% exigido).
El segundo problema es el de regulación. Siguiendo la Ley, en mayo de 2025, cuatro organizaciones (Ecoembes, AECOC, Procircular y CorePET) pidieron a la Comunidad de Madrid que las autorizaran como Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor encargados de gestionar el SDDR. La Comunidad es la competente dado que las organizaciones tienen su sede social allí.
¿Y luego? Luego nada. Madrid disponía legalmente de seis meses para resolver la solicitud; pero se autoconcedió una prórroga de otros seis meses que acabaría el mes que viene.
Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ya ha explicado que no tienen intención de hacer nada por la «inseguridad jurídica [que conlleva], ya que no se ha desarrollado la normativa a nivel estatal adecuada y suficiente». El MITECO, por su lado, responden que no existe inseguridad y que no van a hacer nada más.
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo.
Nadie sabe nada. Mientras la CAM agota el tiempo de su prórroga, quedan menos de siete meses antes de que empecemos a incumplir la Ley y todos los escenarios están encima de la mesa: desde una solución rápida a un bloqueo que demoré todo dos o tres años más (lo más probable).
Lo que está fuera de discusión es que no hay voluntad política de poner esto en marcha y nada hace pensar que eso vaya a cambiar. Si hubiera que apostar y teniendo en cuenta que España es el país con más casos de infracciones por no trasponer normativas comunitarias, sería sorprendente que el SDDR empezara en noviembre de este año.
Imagen | James Lo
En Xataka | Europa decidió regular cómo se debe tirar la basura. Lo pagaremos con una nueva tasa obligatoria en 2025
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La noticia
Se supone que, en noviembre, España obligará a las tiendas a cobrar un importe por cada botella y lata vendida. Se supone
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Javier Jiménez
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