Xataka – Certificado Covid para entrar en restaurantes, transporte y lugares cerrados: las dudas que genera la siguiente medida digital para adaptarse a la pandemia

El Certificado Digital Covid ya se pide para viajar por Europa, pero países como Francia, Reino Unido, Irlanda o Austria ya han dado los primeros pasos para que también se pida como requisito para poder entrar en restaurantes, bares, trenes y otros lugares cerrados. Un uso que va más allá del inicialmente propuesto por la Comisión Europea y que abre la puerta a múltiples dudas.

¿Es una medida discriminatoria? ¿Cómo afecta a nuestra intimidad? ¿Está amparado por la legalidad pedir el Certificado Digital Covid para entrar a los sitios? Hemos consultado con distintos expertos y aquí os mostramos sus reflexiones. Ahora son nuestros vecinos europeos, pero es posible que en el futuro el gobierno de España también se plantee el uso de este código QR para regular el paso a los distintos sitios.


Sin vacuna, no entras

Emmanuel Macron, presidente francés, ha anunciado que a partir del 21 de julio, el Certificado Digital Covid será necesario para entrar en reuniones públicas de más de 50 personas. Pero no termina aquí, pues a partir de agosto será también necesario para entrar en restaurantes, bares y transporte público de larga distancia.

Francia ya había empezado a solicitar el Certificado más allá de para viajes transfronterizos, pues en los eventos sociales o deportivos de más de 1.000 personas, así como en las discotecas, ya es obligatorio.

En verano, este código QR que muestra si se está vacunado o se ha hecho una prueba PCR, se requerirá en Francia a todos los mayores de 12 años como medida para incitar a vacunarse.

A partir de agosto, el certificado será obligatorio en Francia para los mayores de 12 años que quieran entrar en bares, restaurantes, buses o aviones. Además de en grandes eventos o discotecas, como ya lo es ahora.

La medida de obligar a presentar el certificado no tendrá mucho efecto para quienes estén vacunados, pero sí para quienes no la tengan. Macron opta por una suerte de derechos sociales a dos velocidades.

Pasamos de tenerlo como ayuda para viajar a ser indispensable en el día a día

La Unión Europea manifiesta que los ciudadanos europeos gozan del derecho fundamental a la libre circulación y esto aplica también a los no vacunados. Sin embargo, precisamente para reforzar la seguridad se ha creado este Certificado Digital Covid que, aunque no es un documento de viaje por sí mismo, sí es necesario para facilitar la movilidad y evitar tener que someterse a pruebas, tests o cuarentenas.

El Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) justifica la utilización de este certificado por «razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud». Precisamente este uso de «amenaza transfronteriza» encaja muy bien con su uso en aeropuertos y controles para viajar.

Pero el propio RGPD también establece una serie de requisitos donde su uso está justificado. En primer lugar está el principio de limitación de la finalidad, donde no se use para otros fines y los datos no son conservados durante más tiempo del estrictamente necesario. En esta dirección, Eduard Blasi, coordinador del grupo de salud en la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), apunta que «es importante destacar que este certificado difícilmente podría extrapolarse a otros ámbitos del “día a día” como acceder a bares, restaurantes o gimnasios, donde la alternativa no podía ser una PCR ya que claramente sería desproporcionada y, por ende, su uso resultaría de facto discriminatorio«.

La diferencia entre utilizarlo en aeropuertos y para acceder a bares o gimnasios es a nivel de proporcionalidad y de hasta qué punto hay opciones menos intrusivas a nuestra privacidad.

Otro de los aspectos a analizarse es el principio de minimización de los datos. Es decir, tratarse los datos indispensables para el fin concreto. Habría que discutir si su uso para entrar en bares o restaurantes está justificado. Un debate donde los distintos expertos consultados no se ponen de acuerdo y previsiblemente será motivo de debate entre los jueces.

«Es una cuestión de proporcionalidad, cuando no hay opciones menos intrusivas«, explica Jorge Morell Ramos, experto en derecho y consultor en Legaltechies. «Cuando hablas de negocios privados, como actividades de ocio y similar, ya es más difícil justificar legalmente que no hay opciones menos agresivas a nivel de privacidad. Ahí está el problema».

«Otro caso de solucionismo tecnológico»

Jorge García Herrero, abogado y delegado de Protección de Datos, nos explica una historia que ilustra la problemática con solicitar el certificado para acceder a restaurantes: «los datos son como los chanquetes, el verdadero problema de probar uno es que después de la primera vez, siempre vas a querer más».

«Lo peor del Certificado Digital Covid es que integra una herramienta generalizada de control y discriminación en nuestras vidas, que no será fácil eliminar cuando se controle la situación«, expone García. «Es un típico -pero grave- caso de solucionismo tecnológico, con su revisión jurídica tardía -con el proyecto a medias, no se sabe nada de la imprescindible evaluación de impacto en derechos-, y su jerga comercial-posibilista: el CDC de hecho, cuando se utiliza en situaciones de normalidad -y no de confinamiento o cierre perimetral- limita el movimiento, no lo facilita«.

«Si ya se va a condicionar el acceso a transporte público, ocio y restaurantes y sabe Dios qué más, estamos extendiendo -ya de forma plenamente injustificada- el error, y brindando el acceso a datos a cadenas incontroladas de terceros. Y todo ello con la misma finalidad teatral e inútil que ya vimos con la famosa toma de temperatura del año pasado: la vacunación protege mucho frente a la enfermedad, pero no impide la capacidad de contagio: los franceses vacunados que llenen un restaurante con su CDC en ristre no por ello están libres de contagiar y contagiarse», continúa el experto en Protección de Datos.

«De acuerdo con lo anterior (y con la jurisprudencia del TEDH) la limitación de derechos sería más proporcional y estaría más justificada si la efectividad estuviera garantizada: y no es el caso«, explica García. «Este sistema de control no debería hacerse general ni permanente, porque sólo será realmente útil para otros fines, no para la lucha anti-COVID. A los efectos planteados, debería bastar un certificado imprimible en ese fiable, asequible, y poco tecnológico papel, ligado a tu CIF, que simplemente reflejara el apto/no apto, y el período de caducidad de la declaración, a la manera de los exámenes médicos laborales».

Wojciech Wiewiórowski, supervisor de Protección de Datos de la UE, ha calificado estos certificados como «extremos». «Si algunas personas no pueden acceder o pagar las pruebas o vacunas, no podrán probar su estado de salud y, por lo tanto, sus libertades se verán restringidas de facto», apunta la Dra. Ana Beduschi de la Universidad de Exeter en Reino Unido y autora de un informe sobre el impacto de estos certificados.

A vueltas sobre la «discriminación»

Borja Adsuara, doctor en Derecho y profesor en la Universidad Villanueva, expresa su contrapunto: «es una discriminación, sí, pero tenemos un concepto equivocado de discriminar, porque ya tiene un matiz peyorativo. Discriminar es simplemente distinguir, no toda discriminación es injusta. Un banco discrimina por el riesgo o la solvencia. Es una discriminación, pero puede tener justificación en un momento como el que vivimos».

«Una discriminación así ayuda a que no se siga contagiando la gente. No es infalible, pero ayuda, como ya se hace en aeropuertos o conciertos», expone Adsuara. «Por el momento no se ha llegado a un punto donde todos tienen acceso a la vacuna, pero cuando se llegue a ese punto, será una discriminación a quien no quiera ponérsela. Es defensa propia para el resto». Si bien, el experto apunta que no cree que se deba llegar a imponer la obligatoriedad.

«Hay un punto medio entre hacerlo obligatorio y prohibir a los empresarios que lo pidan. Habrá gente que prefiera ir y se sienta más seguro en sitios donde esté controlado el acceso».

«El decir que tienes la pauta completa, pues lo llevarás en la cartera como cualquier otra cosa. Creo que tampoco se hará obligatorio, pero será una manera de velar por la salud de los clientes. Habrá sitios que lo pidan y otros que no», argumenta Adsuara, quien expone que pedir el Certificado Digital Covid entra dentro del debate sobre el derecho de admisión.

«»Hay un punto medio entre hacerlo obligatorio y prohibir a los empresarios que lo pidan. Habrá gente que prefiera ir y se sienta más seguro en sitios donde esté controlado el acceso y se sepa que la gente está vacunada. Es una medida que puede dar aire a la restauración«, opina Adsuara, quien eso sí, apunta que otra cosa distinta es que esa información se incorpore a una base de datos.

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Certificado Covid para entrar en restaurantes, transporte y lugares cerrados: las dudas que genera la siguiente medida digital para adaptarse a la pandemia

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por
Enrique Pérez

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