Octubre de 1997. Todavía se paga en pesetas y el Seat Ibiza corona las calles. Una auxiliar administrativa empieza a trabajar en el Ayuntamiento de Firgas, en Gran Canaria, con un contrato temporal. Más de 27 años después, aunque todos lo conocen, nadie le ha dado una plaza fija. Sigue encadenando contratos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo trata como un abuso y manda al consistorio a indemnizar con 7.501 euros. ¿Y la plaza?
De temporal a “indefinida no fija”. Como decíamos, empezó el 1 de octubre de 1997. En 2014, una sentencia le reconoció la condición de personal laboral indefinido no fijo. Es una categoría intermedia. Hablando en plata, admite el abuso, pero nada de plaza fija. Pasaron décadas y siguió así hasta 2025. Como las cosas no cambiaban, reclamó 10.000 euros en compensación. El juzgado de lo social de Las Palmas rechazó la demanda. El TSJC la revocó, aunque solo en parte.
El baremo. La Sala quiso evitar que cada juez pusiera una cifra a mano alzada, así que creó tres tramos mínimos según la duración del abuso. 1.000,1 euros entre tres y ocho años. 2.000,1 entre ocho y dieciséis. 5.001 a partir de dieciséis. Sí, con decimal. Son mínimos: quien pruebe daños mayores puede pedir más, claro. Los tramos parten de la sentencia del TJUE del 14 de abril de 2026, el asunto Obadal, y de la doctrina del Supremo del 11 de mayo. Otros tribunales superiores (País Vasco, Asturias, Castilla y León, Cataluña y Andalucía) fijaron cifras entre 1.000 y 10.000 euros.
Los 2.500 de castigo. A los 5.001 euros se suman otros 2.500 por “la gravedad y la persistencia” de no estabilizar su puesto. Según la sentencia, Firgas es “el único municipio canario que no ha puesto en marcha el procedimiento para la estabilización de su personal laboral”, que debía acabar en 2024. El sindicato Sepca ya lo denunció en enero de 2025. El propio Ayuntamiento consultó al Ministerio de Función Pública. Su respuesta, de diciembre de 2024, demuestra para la Sala que conocía las consecuencias de no convocar.
El daño, en años. La cuantía nunca depende del sueldo. Para la Sala, el perjuicio de la precariedad no guarda relación directa con el salario. Sin embargo, mantener durante años a alguien en la incertidumbre de saberse en cierta estabilidad o no causa por sí mismo un daño profesional y personal.
Se valoró, de hecho, que crece con el tiempo y por eso la duración es el criterio más objetivo. La indemnización tampoco sustituye a la de un posible despido: es independiente. Y tampoco echemos las campanas al vuelo: 7.501 euros entre 27 años salen a unos 278 por año de temporalidad. Recibirá tres cuartas partes de lo solicitado.
¿Y la salud mental? No decimos nada nuevo: un metaanálisis de 2019 encontró que la inseguridad laboral se asociaba con un 52 % más de probabilidades de sufrir problemas de salud mental. Otra revisión publicada en International Journal of Epidemiology analizó 27 estudios y concluyó que los trabajadores temporales presentaban una mayor morbilidad psicológica que los empleados fijos, además de un posible mayor riesgo de accidentes laborales.
La evidencia más amplia se presentó en 2022, donde un metaanálisis examinó 50 estudios y encontró que mantener condiciones de empleo precario durante al menos un año se asociaba con un 44 % más de probabilidades de presentar síntomas de mala salud mental y un 53 % más de riesgo de declarar una salud general deficiente frente a situaciones laborales más estables. Al año siguiente se confirmó que la precariedad se relaciona también con peor bienestar emocional, salud general y bienestar en el trabajo.
Por qué no es fija. La jurisprudencia descarta que los temporales de la administración pasen a fijos de forma automática. El acceso al empleo público exige igualdad, mérito y capacidad. El Supremo marcó ahora pone coto a esta frontera abstracta. Según una jurista que analizó su doctrina, si el trabajador superó un proceso selectivo sin lograr plaza, la relación puede pasar a fija. Si no aprobó ninguna oposición, pues solo cabe indemnizarle. La empleada habla de “un antes y un después” y espera una “judicialización masiva”.
Administración muy temporal. En el primer trimestre de 2026, el sector público sumaba 981.000 asalariados temporales. Eso es una tasa del 26,8%, frente al 14,7% de toda la economía. En Canarias, la temporalidad pública sube al 37,8%. Es la segunda más alta del país, por detrás del País Vasco (38,5%). Más del doble que la media española. Y la plantilla pública no deja de crecer: sumó 89.900 personas en el tercer trimestre y ya son 3.736.800, mientras el empleo privado perdió 16.300.
Todavía no es firme. No es la única historia laboral que acaba en tribunales. Ya contamos la historia un trabajador con 16 años de antigüedad en una notaría al que despidieron por no superar el periodo de prueba. Cobró 10.071,20 euros de indemnización, pero el Supremo terminó viéndolo evidente: readmisión o 54.294,42 euros.
En el caso de Firgas (pueblo precioso, por cierto), todavía cabe el recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Supremo. El plazo son 10 días y ya pasó. Además, la Sala remitió el caso a la Inspección de Trabajo por la posible vulneración de la normativa sobre contratos de duración determinada. La Inspección decidirá si abre expediente sancionador al Ayuntamiento, que sigue sus propios cauces.
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La noticia
Trabajó durante 27 años como temporal de auxiliar administrativa y pidió una indemnización. Ahora han condenado al Ayuntamiento
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Isra Fdez
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