Si entras en Idealista y buscas una vivienda en alquiler en Ibiza la opción más barata ahora mismo, un estudio de 32 m2 en Sant Joan de Labritja con la cocina casi a los pies de la cama, es de 799 euros. Y ese, avisa el anuncio, es solo el precio de «la temporada de invierno». De cara a primavera y verano, la cosa cambia. La siguiente opción, un estudio de 35 m2, ya se va a 1.000 euros. De ahí para arriba. Sobre todo si buscas cerca de Eivissa. Con semejantes precios a muchos trabajadores que mantienen a flote la hostelería y construcción de la isla no les queda otra que alojarse en cabañas, chabolas, furgonetas o (con suerte) caravanas.
El problema es que a menudo se instalan en asentamientos sin autorización que acaban desmantelados por orden judicial.
¿Qué ha pasado? Que Ibiza acaba de ampliar su (cada vez más abultada) lista de asentamientos desalojados. El 21 de abril una veintena de policías acudieron al solar de Sa Joveria, cerca del recinto ferial de Ibiza, para despejar el que probablemente era el mayor asentamiento de infraviviendas de toda la isla. Cuando los agentes llegaron apenas quedaban inquilinos (la fecha de la operación se anunció días antes), pero se calcula que en Sa Joveria han llegado a (mal)vivir más de 130 personas que pasaban su día a día en caravanas, chabolas, tiendas de campaña o furgonetas camperizadas.
Solo unos días después, el 29 de abril, otra comitiva judicial se desplazaba a Can Misses para desarticular otro asentamiento formado por caravanas, tiendas de campaña y chabolas. La foto fue similar: cuando los agentes llegaron al solar apenas quedaba gente, pero hace no tanto residían allí más de medio centenar de personas (se calculan que entre 70 y 80), parte de ellos rebotados de un desahucio previo en Can Rova. El desalojo no dejó incidentes, pero es un nuevo recordatorio del reto habitacional que afronta Ibiza.
¿Son los primeros desalojos? Para nada. Hace unos días Diario de Ibiza hizo balance y contabilizó al menos media docena de operaciones similares desde 2024, incluidas las dos últimas en Sa Joveria y Can Misses. La lista arranca con el que probablemente fue el episodio más dramático de todos: el desalojo de Can Rova en el verano de 2024, cuando agentes de la policía de Santa Eulària y la Guardia Civil desmantelaron un asentamiento en el que vivían cientos de personas, incluidos niños. El episodio se saldó con detenidos.
En marzo de 2025 se realizó una operación similar (más pacífica) en Can Raspalls y en julio de ese mismo año se repitió la escena en el polígono de es Gorg y Can Rova (otra vez). Ahora las autoridades han vuelto a actuar en Sa Joveria y Can Misses, entre otros motivos por el riesgo de incendios y plagas que suponía el asentamiento. «La ciudad de Ibiza tiene un problema importante de vivienda, pero no podemos tolerar desde la administración que esto se convierta en un hábito de vida», argumenta el alcalde, Rafael Triguero.
¿Por qué es un problema? Ibiza no es el único territorio de España (ni de Europa) que lidia con asentamientos chabolistas ilegales. El problema es que en la isla se da una peculiaridad que se explica por su mercado residencial: buena parte de quienes se ven obligados a malvivir a bordo de autocaravanas o furgonetas aparcadas en solares como el de Can Misses o Sa Joveria no son personas en riesgo de ‘exclusión social’, sin empleos ni ingresos fijos.
Llega con leer la prensa local y las entrevistas con desalojados para comprender que en los poblados viven también trabajadores de la construcción, la hostelería o el turismo. Gente con empleos estables y nóminas que llegan a pasar de los 1.000 euros mensuales. El problema es sencillamente que sus sueldos no les alcanzan para encontrar vivienda. O lo que encuentran (habitaciones en pisos compartidos a cambio de rentas desorbitadas) les resulta menos atractivo que la perspectiva de vivir solos en caravanas o furgonetas.
¿Hay testimonios? Sí. Hace poco El País charlaba por ejemplo con Ahmed, un inmigrante del Sáhara Occidental de 35 años que trabaja en un hotel de cinco estrellas de la isla. Al menos hasta hace unas semanas, antes del desalojo de Sa Joveria, al acabar su turno regresaba a la cabaña construida con madera y cartones que le servía de hogar. El diario asegura que el 80% de quienes residían en la parcela eran saharauis que trabajaban como temporeros en los sectores de la construcción y el turismo. Otro caso similar era el de Mohamed, 38 años, instalado en una tienda de campaña.
Interesante es también la experiencia de Yamile Elisabeth, una venezolana que reside en España desde 2019. Hasta su desalojo, explica a elDiario, vivía en una furgoneta en Can Misses por la que pagaba 550 euros al mes. «Cuando una busca un alquiler le piden fácil 1.000 euros y tres o cuatro meses de fianza por compartir un espacio chiquito con cinco personas más», aclara la mujer, quien asegura que trabaja varias horas al día limpiando la sucursal de un banco, aunque en realidad tiene formación como fisioterapeuta y el verano pasado llegó a ingresar 1.600 euros trabajando seis días.
¿Tan cara es la vivienda? La vivienda no solo se encarece en Ibiza, pero allí se da una suma de factores que han tensionado de forma especial su mercado. El primero es su condición de isla, con un espacio limitado. El segundo, su enorme demanda de alojamiento turístico, lo que incluso lleva a algunos propietarios de viviendas a abandonarlas en verano (se mudan temporalmente a caravanas) para alquilarlas a visitantes.
El resultado son rentas prohibitivas para muchos trabajadores, incluidos funcionarios. Hace tres años de hecho fue sonado el caso de un bombero del aeropuerto de Ibiza que se vio obligado a instalarse en una caravana. «La única solución para ahorrar algo de dinero», reconocía el hombre, de origen andaluz, en una entrevista con laSexta.
¿Hay más? Sí. El problema, como recuerdan nuestros compañeros de Motorpasión, es que vivir en una caravana en la isla tampoco resulta tan sencillo… ni económico. Leyes como la 5/2024 de control de vehículos o la del Suelo Rústico de Baleares conforman un marco legal que deben respetar quienes deciden instalarse de forma permanente en una caravana o campers.
De hecho, la nueva normativa balear obliga a quienes quieran viajar a Ibiza con campers o autocaravanas que dispongan de una reserva en un camping oficial. El problema es que el número de instalaciones regladas es limitado, suelen llenarse y sus tarifas no son baratas, con precios que oscilan de 40 a 60 euros por noche.
Ante esa tesitura y para evitar los poblados ilegales, hay ayuntamientos que ya están desplegando campañas de control con ayuda de drones. Es el caso de Sant Antoni de Portmany, que hace unos días informó de que ha activado una red de vigilancia para detectar «asentamientos irregulares». Para que no se les escapen las zonas boscosas o de acceso complicado disponen de la ayuda de un dron.
Imágenes | Motorpasión-Unsplash y Mike Swigunski (Unsplash)
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La noticia
Ibiza ha desalojado a 200 personas que vivían en campers y caravanas. Su gran problema es que son trabajadores clave para la isla
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Carlos Prego
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